El pulso jurídico por el Salario Mínimo 2026

El Gobierno Nacional ha radicado un recurso de súplica ante el Consejo de Estado con el objetivo de revertir la suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para este año. El argumento central del Ejecutivo se basa en el concepto de "salario mínimo vital y móvil", alegando que el incremento del 23% no es un capricho administrativo, sino una obligación constitucional para proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a la inflación acumulada.

Desde la otra orilla, los gremios económicos y sectores de oposición sostienen que un aumento de tal magnitud pone en riesgo la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y podría disparar los índices de informalidad laboral. La decisión del alto tribunal es esperada con ansiedad, ya que de ella depende la estabilidad de los costos operativos de miles de negocios que ya han empezado a ajustar sus nóminas bajo la incertidumbre jurídica.

Mientras se espera el fallo, el ambiente en las calles se calienta. Organizaciones sindicales y movimientos sociales han convocado a movilizaciones masivas para este jueves en las principales ciudades del país. El objetivo es presionar por lo que llaman la "defensa de la dignidad salarial", convirtiendo un debate técnico-jurídico en una bandera de movilización política en pleno año electoral.