Deepfake: Retos Éticos y Legales en Colombia frente a una Tecnología Peligrosa
Los deepfakes, videos manipulados mediante inteligencia artificial que parecen reales, han revolucionado la tecnología digital, pero también han generado preocupación global por su potencial para el fraude, la desinformación y la violación de derechos fundamentales. En Colombia, la adopción creciente de esta tecnología plantea interrogantes éticos y legales, especialmente en un contexto donde la polarización política y la difusión de noticias falsas son problemas recurrentes.
La amenaza de los deepfakes en el entorno digital
En las últimas elecciones, las fake news jugaron un papel crítico en la manipulación de la opinión pública. Con los deepfakes, esta manipulación puede alcanzar niveles insospechados. Imágenes de candidatos políticos pronunciando declaraciones falsas o promoviendo narrativas incendiarias podrían poner en riesgo la estabilidad democrática, al socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y sus representantes.
Riesgos para la privacidad y los derechos individuales
Además del impacto político, el uso de deepfakes en contextos privados representa un grave riesgo para la privacidad y la dignidad. En Colombia, las mujeres han sido las principales víctimas de esta tecnología, ya que frecuentemente se crean videos falsos con fines de acoso, pornografía no consentida y extorsión, exponiendo una brecha significativa en la protección legal de estas situaciones.
Hacia una regulación efectiva en Colombia
Si bien el Código Penal Colombiano incluye disposiciones generales contra los delitos informáticos, la regulación sobre deepfakes sigue siendo insuficiente. La ausencia de una legislación específica deja un vacío que limita la acción efectiva frente a este tipo de delitos. Algunos países, como Estados Unidos, ya han aprobado leyes que penalizan la creación y distribución de deepfakes, un modelo que Colombia podría adoptar. El auge de los deepfakes no solo es un problema tecnológico, sino un desafío social y legal. Para proteger a los ciudadanos y preservar la confianza en el sistema democrático, es urgente que el Gobierno y el Congreso promuevan reformas legislativas que contemplen esta amenaza, acompañadas de campañas de educación digital que sensibilicen a la población sobre los riesgos asociados.
