El Auge De Las Rifas Ilegales: Un Problema Que Crece En Colombia
El Gobierno de Colombia ha implementado nuevas regulaciones para combatir las rifas ilegales y modernizar el sector, especialmente en el ámbito digital. El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1486, que introduce cambios significativos en la operación de rifas en el país.
Principales Cambios Introducidos por el Decreto 1486:
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Operación Digital: Se permite la realización de rifas a través de plataformas tecnológicas, utilizando Generadores Aleatorios de Números (GNA) para garantizar la transparencia de los sorteos.
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Participación de Gestores Terceros: Personas naturales o jurídicas pueden organizar hasta dos rifas mensuales (24 al año) con la autorización de Coljuegos, la entidad reguladora de juegos de azar en Colombia.
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Contribución Económica: Los organizadores deben destinar el 14% de los ingresos brutos obtenidos por la venta de boletos al pago de derechos de explotación, fortaleciendo así la financiación del sistema de salud pública.
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Transición Tecnológica: Se otorga un periodo de 12 meses para que los operadores adapten sus plataformas a los nuevos requisitos técnicos establecidos por Coljuegos.
Impacto Esperado:
El Gobierno estima que, con estas medidas, las rifas legales generarán un aumento de 70.000 millones de pesos anuales para el sector salud, sumándose al billón de pesos aportado en 2024 por otras modalidades de juegos de azar.
Contexto y Justificación:
La proliferación de rifas ilegales, especialmente en redes sociales y plataformas digitales, ha llevado a pérdidas significativas para el Estado y ha puesto en riesgo a los consumidores. Con esta nueva regulación, se busca formalizar estas actividades, garantizar la transparencia en los sorteos y proteger a los participantes.
Reacciones y Medidas Adicionales:
En paralelo, Coljuegos ha solicitado el bloqueo de cuentas de redes sociales de influenciadores que promocionan rifas no autorizadas, como parte de los esfuerzos para combatir la ilegalidad en este sector.
Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno colombiano por regular y supervisar las actividades de juegos de azar, adaptándose a las tendencias tecnológicas y asegurando que los recursos generados beneficien al sistema de salud pública.
